Señalan uso irregular de cuotas sindicales en el SUSPEG

Docentes de Telesecundaria en Guerrero cuestionan el presunto origen del financiamiento de campaña de un dirigente sindical y exigen una auditoría al SUSPEG, argumentando que los ingresos laborales no corresponden a los montos presuntamente utilizados.

Dudas crecientes entre la base sindical

En distintos municipios del estado, docentes de Telesecundaria plantearon dudas sobre el presunto origen de recursos utilizados en una reciente campaña sindical. Los señalamientos, compartidos públicamente por trabajadores del sector, comparan los sueldos promedio de un supervisor, un director y una plaza de educación inicial para ilustrar que, aun sumados, difícilmente justificarían los montos que —según ellos— habrían circulado en dicho proceso.

Las cuentas expuestas por maestras y maestros señalan que, aun tomando ingresos “a lo alto” —alrededor de 30 mil pesos quincenales—, el acumulado anual sería cercano a 720 mil pesos. A ese ritmo, explican, reunir más de 20 millones tomaría cerca de tres décadas sin gastar absolutamente nada, algo que consideran irreal para cualquier trabajador. Por ello, la comunidad plantea la pregunta que ha encendido el debate: ¿de dónde salió el financiamiento de campaña?

“El SUSPEG parece la gallina de los huevos de oro”, acusan

Quienes levantaron la voz afirman que en la narrativa pública se mostraba la imagen de un “profe pobre”, algo que hoy contrastan con lo que perciben como un despliegue económico inusual. “Chale, cómo no va a generar sospecha”, dijo una maestra de la zona Centro, quien pidió anonimato para evitar represalias.

Para varias bases sindicales, el problema de fondo no es solo el monto, sino la opacidad histórica en el manejo de las cuotas sindicales, uno de los temas más sensibles dentro del SUSPEG. En sus palabras, “si en cuatro años se movió tanto dinero, ¿cómo confiar sin una auditoría seria?”.

Llamado a una auditoría independiente

La exigencia central es clara: una auditoría externa que revise el flujo de recursos, cuotas, apoyos y gastos vinculados al sindicato. Aunque recalcan que no acusan delitos —pues eso le corresponde determinarlo a la autoridad—, afirman que la transparencia es el mínimo que merece la base trabajadora.

El señalamiento sobre una posible inhabilitación del dirigente mencionado también circula entre docentes, aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial. Para la comunidad educativa, este es apenas el inicio de un debate más amplio: la urgente necesidad de que los sindicatos rindan cuentas de manera abierta y verificable.

La pregunta que permanece

Las y los trabajadores insisten en que la discusión no es personal, sino estructural. “Queremos sindicatos que sirvan a la gente, no a unos cuantos”, expresó un docente de la Costa. Y con eso dejaron sobre la mesa la interrogante que hoy recorre pasillos escolares y grupos de mensajería: ¿quién financió realmente la campaña?

Las bases docentes piden claridad y rendición de cuentas. Señalan que el SUSPEG debe responder con hechos, no discursos. La exigencia es firme: auditoría, transparencia y respeto al esfuerzo de quienes sostienen la educación pública.