¡Van tras los corruptos! Proponen unidad para seguir el rastro del dinero sucio en Guerrero

Con el objetivo de fortalecer el combate contra el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la diputada Diana Bernabé Vega presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero para crear la Unidad Especializada en Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica (UEIIPE).

Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que la corrupción continúa siendo uno de los principales flagelos que afecta a la sociedad guerrerense, al provocar el desvío de recursos públicos y la impunidad. Por ello, señaló la urgencia de contar con una herramienta eficaz que permita rastrear, prevenir y sancionar actos de corrupción mediante inteligencia financiera.

“Se trata de una instancia autónoma, técnica y operativa que coadyuve con el Ministerio Público y otras autoridades en el rastreo del origen y destino de los recursos económicos de servidores públicos y actores vinculados con el poder político o económico”, explicó.

La propuesta busca replicar a nivel estatal el modelo que actualmente opera en el ámbito federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), permitiendo a la Fiscalía de Guerrero dar seguimiento a transacciones inusuales, identificar redes de corrupción y recuperar bienes desviados del erario.

De acuerdo con la iniciativa, la UEIIPE podrá establecer convenios de colaboración con bancos, aseguradoras e instituciones financieras para obtener información clave en las investigaciones, así como acceder a bases de datos estatales y municipales como el padrón vehicular, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, catastros, padrones de proveedores y registros fiscales.

La persona titular de esta unidad deberá contar con experiencia comprobable en análisis financiero, contabilidad forense e investigación patrimonial, y pasar procesos de evaluación rigurosos, evitando así designaciones improvisadas que puedan comprometer su funcionamiento.

Entre sus atribuciones, también destacan la participación en juicios de amparo y procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado, la presentación de recursos legales en casos que obstaculicen la recuperación de recursos públicos, y la recepción de denuncias relacionadas con delitos financieros.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y eventual dictaminación.