Narco y policías comunitarias marcaron dos sexenios en Guerrero

La infiltración del crimen organizado en policías comunitarias y grupos de autodefensa en Guerrero se gestó desde el gobierno de Ángel Aguirre y se consolidó con Héctor Astudillo, dejando una herencia de violencia que hoy mantiene en vilo a regiones clave del estado.

Un origen desde el poder

El problema del narco policías comunitarias Guerrero no es reciente ni espontáneo. Durante la administración de Ángel Aguirre, el gobierno estatal cooptó de manera directa a UPOEG, encabezada entonces por Bruno Plácido Valerio, asesinado en octubre de 2023.

Con recursos, equipo y armamento oficial, la UPOEG se expandió de la Costa Chica hacia la Montaña, Sierra y región Centro, con un objetivo estratégico: controlar territorios del corredor de drogas entre Acapulco y la capital del país.

Paramilitarismo tolerado

Durante el sexenio de Héctor Astudillo (2015–2021), el fenómeno se profundizó. Su gobierno permitió que operadores regionales del narcotráfico organizaran grupos de autodefensa Guerrero en municipios mestizos, donde no aplica la libre autodeterminación indígena.

Desde entonces, la delincuencia se incrustó en comunidades productoras de droga y zonas estratégicas para el trasiego, además de áreas con recursos naturales como minería, madera y agua.

Policías comunitarias vs. poder comunitario

En 2017, Astudillo impulsó una reforma constitucional que desconoció el sistema de seguridad y justicia de la CRAC-PC, surgida en 1995 en pueblos indígenas y afromexicanos.
Paradójicamente, la reforma dejó intacta la estructura de al menos 19 grupos de autodefensa que operan en cerca del 50% del territorio estatal, muchos de ellos señalados por el propio gobierno como brazos del narco.

El conflicto estalla de nuevo

La herencia de esta violencia política Guerrero se manifestó este día con un bloqueo en la Autopista del Sol, a la altura de Tierra Colorada.
Los manifestantes, identificados como base social de Los Ardillos, protestaron por una incursión armada atribuida a una alianza entre UPOEG, CRAC-PC y CIPOG-EZ, presuntamente vinculada a Los Rusos.

El bloqueo fue levantado mediante diálogo, pero este martes se instalarán mesas de análisis para evitar una nueva escalada violenta.

El reto para los gobiernos federal y estatal es enorme: escuchar a los pueblos sin permitir que sigan siendo usados como fachada del crimen. Lo que está en juego no es solo un corredor de drogas, sino la vida comunitaria de Guerrero.