CIDH responsabiliza a México por la muerte de Ernestina Ascencio

A 18 años del crimen, la CIDH responsabilizó al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio, mujer indígena nahua, ocurrida en la sierra de Zongolica, Veracruz, en un contexto de militarización.

Una verdad negada durante casi dos décadas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH México) determinó que el Estado mexicano es responsable internacionalmente por la violación sexual y las graves lesiones que causaron la muerte de Ernestina Ascencio, mujer indígena nahua de 73 años, en febrero de 2007.

El fallo derrumba de manera definitiva la versión difundida por el entonces presidente Felipe Calderón, quien aseguró públicamente que la mujer había fallecido por “gastritis crónica no atendida”, pese a que las investigaciones aún estaban en curso.

La CIDH concluyó que Ernestina fue víctima de violencia militar, ejercida por elementos del Ejército mexicano, y que dicha agresión constituyó un acto de tortura por su carácter intencional, degradante y con graves consecuencias físicas y psicológicas.

“Fueron los hombres de verde”

El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio fue encontrada por su familia con lesiones visibles, ropa desordenada y signos de violencia sexual, en el paraje donde cuidaba a sus animales, en la comunidad de Tetlalzinga, sierra de Zongolica.

Antes de perder el conocimiento, alcanzó a decir en náhuatl: “Oyake pinome xoxoke”, que significa “fueron los hombres de verde”, forma en que las comunidades nombran a los soldados.

La noche previa, un campamento del 63 Batallón de Infantería había sido instalado cerca de su vivienda, como parte de la estrategia militar de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Negligencia médica y abandono institucional

Tras la agresión, la familia tardó alrededor de 10 horas en trasladarla a un hospital. Ernestina murió en el Hospital Regional de Río Blanco antes de recibir atención quirúrgica.

La CIDH México determinó que el Estado violó su derecho a la salud, al no garantizar atención médica oportuna, adecuada y culturalmente pertinente. El hospital carecía de intérpretes en náhuatl, lo que agravó la situación y evidenció discriminación estructural.

Impunidad, racismo y descrédito desde el poder

El Tribunal señaló que la investigación fue deficiente, cerrada de forma prematura y sin enfoque de género, edad ni pertenencia indígena. Además, estuvo marcada por estereotipos que desacreditaron a la víctima y a su familia.

La Corte subrayó que las declaraciones de Calderón contribuyeron a un ambiente de descreimiento hacia las víctimas, afectando el acceso a la justicia y profundizando la impunidad.

Medidas de reparación ordenadas

La CIDH ordenó al Estado mexicano reabrir la investigación penal, sancionar a los responsables, ofrecer atención integral a los familiares, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y crear un Registro Nacional de Intérpretes en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.

El caso de Ernestina Ascencio revela cómo la militarización, el racismo y la impunidad pueden matar dos veces: primero el cuerpo, luego la verdad. La sentencia de la CIDH es un paso hacia la justicia, pero también un recordatorio de la deuda histórica con los pueblos indígenas.