Guerrero: sacerdotes bajo amenaza del crimen organizado
Sacerdotes de Guerrero enfrentan amenazas, extorsiones y asesinatos vinculados al crimen organizado, en un contexto donde la Iglesia denuncia falta de protección en regiones dominadas por grupos delictivos.
Guerrero se consolida como el estado más peligroso para sacerdotes en México
Guerrero vive uno de sus momentos más oscuros para el trabajo pastoral. De acuerdo con datos del Centro Católico Multimedial (CCM), el estado encabeza desde hace más de una década la lista de agresiones contra sacerdotes en México, con 12 religiosos asesinados desde 2009, además de múltiples amenazas, intentos de secuestro y extorsiones.
Organizaciones eclesiales advierten que esta violencia refleja la expansión del crimen organizado en zonas rurales, carreteras, santuarios comunitarios y cabeceras municipales donde la autoridad civil ha sido rebasada.
El caso del padre Bertoldo Pantaleón revela el riesgo que enfrentan los religiosos
El asesinato del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, localizado sin vida en un paraje del municipio de Eduardo Neri, volvió a encender las alarmas entre fieles y comunidades enteras del centro de Guerrero. El sacerdote, desaparecido desde el 5 de octubre, fue encontrado con impactos de bala, confirmó la Fiscalía General del Estado.
Vecinos señalan que el padre Bertoldo era conocido por su labor social en localidades afectadas por desplazamientos, pobreza y conflictos armados. Su asesinato, comentan, demuestra que incluso quienes acompañan a las comunidades más vulnerables quedan expuestos ante el dominio criminal.
Amenazas, extorsiones y ataques: radiografía de la violencia contra sacerdotes
Durante la mesa de análisis “Sotanas: Sangre y Silencio”, organizada este año por el CCM, especialistas revelaron que cada semana se registran 26 agresiones a templos, mientras que los sacerdotes reciben extorsiones diarias por parte de grupos criminales que buscan controlar entradas económicas y actividades comunitarias.
“El crimen organizado ha ocupado prácticamente toda la zona… los sacerdotes trabajan en condiciones extremas”, advirtió el padre Omar Sotelo, director del CCM, quien insiste en que la violencia no solo afecta a los religiosos, sino al tejido social que sostienen las parroquias en muchas localidades donde el Estado no llega.
Casos previos muestran el dominio del crimen organizado en Guerrero
El homicidio del padre Bertoldo se suma a un historial de agresiones que dan cuenta de la gravedad de la situación:
- El padre Habacuc Hernández Benítez y los seminaristas Eduardo Oregón y Silvestre González, asesinados en Arcelia en 2009.
- El misionero ugandés John Ssenyondo, hallado en una fosa común en la etapa de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
- El sacerdote Gregorio López Gorostieta, ejecutado en 2014 tras denunciar la violencia en Tierra Caliente.
En todos los casos, los ataques ocurrieron en territorios donde el crimen organizado impone reglas, horarios y desplazamientos.
Comunidades sin protección: el vacío de autoridad deja expuestos a los párrocos
En municipios de la Sierra, Tierra Caliente, la Montaña y la zona Centro, feligreses aseguran que la presencia del Estado es mínima y que los sacerdotes se han convertido en una de las pocas figuras que permanecen en el territorio pese a la violencia.
“Acá se siente que estamos solos; si callan a un padre, callan a todo el pueblo”, expresó una vecina de Chilapa, quien pidió mantener su nombre en reserva por seguridad.
La Iglesia pide justicia y mayor seguridad en zonas dominadas por el crimen
Tras el asesinato del padre Bertoldo, diócesis y organizaciones civiles exigieron a las autoridades garantizar medidas de protección para sacerdotes y comunidades, especialmente en regiones donde el crimen organizado mantiene disputas internas.
Hasta el momento, no se han anunciado acciones concretas para atender la crisis que viven parroquias y poblaciones en riesgo.
La violencia contra sacerdotes en Guerrero es un reflejo del abandono institucional y del crecimiento del crimen organizado. Sin protección real, comunidades y religiosos siguen enfrentando un peligro que no debería normalizarse.



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