Ejecutan al subsecretario de Bienestar y exalcalde de Tixtla, Hossein Nabor Guillén

La violencia volvió a golpear de lleno a la clase política de Guerrero. La tarde de este martes fue asesinado a balazos Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en el gobierno estatal y exalcalde de Tixtla.

Los primeros reportes comenzaron a circular alrededor de las 18:00 horas del 2 de septiembre, generando incertidumbre, ya que el funcionario dejó de responder llamadas y mensajes de su círculo cercano. Minutos después, se confirmó el ataque armado en su contra sobre la carretera federal Chilpancingo–Tlapa, ya dentro de la cabecera municipal de Tixtla.

De manera preliminar, se informó que Nabor Guillén fue ejecutado a balazos, aunque hasta el momento las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el número de impactos o las circunstancias del crimen.

Hossein Nabor fue presidente municipal de Tixtla entre 2012 y 2015, con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, en el proceso electoral de 2021 se alineó con Morena, apoyando primero al entonces candidato al Senado, Félix Salgado Macedonio, y posteriormente a Evelyn Salgado Pineda, actual gobernadora de Guerrero.

Hasta el momento de su asesinato, ocupaba la subsecretaría de Bienestar, una de las dependencias clave del aparato estatal, encargada de coordinar y operar programas sociales prioritarios en zonas marginadas del estado.

Su actividad reciente en redes sociales daba cuenta de giras por comunidades como Ometepec, donde encabezaba la entrega de apoyos para el mejoramiento de viviendas.

El asesinato de Nabor Guillén vuelve a encender las alertas sobre la situación de seguridad en Guerrero, especialmente en zonas donde la política, el poder institucional y las redes criminales convergen en un terreno sin ley ni protección.

Se espera que la Fiscalía General del Estado emita un informe oficial en las próximas horas. Mientras tanto, el silencio de las autoridades y la falta de información solo aumentan las sospechas y alimentan la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales.